| Atenci贸n a reclamos de poblaci贸n sujeta a condicionamientos gubernamentales |
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Lima, 17 Junio (Milenia Radio).- Una muestra más de la forma como el actual gobierno viene criminalizando la protesta social se ha dado con la respuesta a los reclamos del pueblo de Moquegua ubicada a 1,225 kil贸metros al sur de la capital, que demanda el justo pago del canon minero a su región.
La dirigenta Lourdes Huanca de la organizaci贸n FEMUCARINAP explicó, desde la zona, las razones de la justicia del reclamo moqueguano y cuestionó severamente la actuaci贸n policial que ayer por la ma帽ana emprendió contra alrededor de 12,000 pobladores hombres y mujeres que tenía el control del puente Montalvo y bloqueada
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Moquegua reclama que el canon destinado a la región no sea recortado tal como dispone el MEF.
Foto: Diario La República |
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la avenida Panamericana Sur, que conduce a la región de Tacna actualmente desabastecida de productos y combustibles, para llamar la atenci贸n a sus demandas.
En las primeras horas del d矛a un helic贸ptero sobrevoló a baja altura la zona y poco despu茅s cerca de tres mil policías actuaron usando gases lacrimógenos y varazos contra la poblaci贸n, que reaccionó lanzando piedras.Como resultado muchas personas se encuentran heridas y detenidas. Entre estas últimas 60 efectivos policiales y el jefe de la XI Direcci贸n Territorial Policial, general PNP Alberto Jord谩n Brignole, quienes han sido ubicados en una iglesia local por los pobladores.
Conocidos los incidentes el presidente del Consejo de Ministros, que había calificado de unos cuantos revoltosos al pueblo de Moquegua, anunció por la noche la suscripci贸n de acuerdo de di谩logo con las principales autoridades de la región, que implica la demovilización y despojamiento de las vías de comunicaci贸n, a fin de no declarar el estado de emergencia.
En este contexto las voces de sectores pol矛ticos y sociales se preguntan por qué se desoyó el reclamo de la poblaci贸n de Moquegua que realizó un paro preventido de 48 horas para recibir la atenci贸n del gobierno central, el que no fue tomado en cuenta dando lugar a la prolongaci贸n indefinida de su protesta.
Moquegua está reclamando que el canon destinado a la región por la explotación que Southern Perú realiza en su territorio no sea recortado tal como ha dispuesto el Ministerio de Econom铆a y Finanzas, otorgando la diferencia a Tacna. El acuerdo suscrito entre el gobierno y las autoridades contempla que a partir del próximo a帽o la empresa minera realizará por separado la contabilidad del canon para las dos regiones para terminar con los conflictos por su distribuci贸n, pero queda pendiente encontrar la solución respecto del 2007.
鈥淓stamos defendiendo nuestro canon minero por ser de justicia. El premier dice que Tacna ha producido más, pero de donde sacan el cobre es de Moquegua y no es justo que nos quiten. Nos tienen que seguir pagando para nuestros hijos y nietos鈥, manifestó Lourdes Huanca. Nos corresponde el 52 por ciento del canon 鈥 agregó- pero nos entregan sólo el 30, y la diferencia se la dan a Tacna por una mala interpretaci贸n de la ley que ha hecho el Ejecutivo.
La dirigenta record貌 que cuando la empresa minera inici貌 sus operaciones en la regi貌n trajo como consecuencia la p猫rdida de tierras para muchas familias. 鈥淒icen que no hay pobreza, pero nuestras hermanas campesinas que est脿n en las alturas viven una situaci贸n extrema de pobreza que puede ser atendida con los recursos del canon que los necesitamos ahora鈥, subrayó.
Según estimaciones del MEF a Moquegua le corresponde por el canno 189 millones de soles, unos 67 millones de dólares, monto muy inferior al que el pueblo de la región demanda según sus cálculos basados en el texto de la ley de minería que asciende a 469 millones de soles, unos 168 millones de dólares.
La demora en la atenci贸n del reclamo y desconocimiento del gobierno a las voces representativas de la poblaci贸n son parte de la pol矛tica oficial de reprimir los reclamos sociales, pol矛tica que seg霉n la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos muestra a un régimen que ha abandonado el diálogo como forma de solución a los conflictos.
En la presentación de su informe anual 2007, la Coordinadora cuestiona los decretos legislativos emitidos por el gobierno el a帽o pasado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, pues varios de ellos se han orientado a criminalizar la protesta social vulnerando los derechos humanos, por lo que han sido se帽alados como inconstitucionales.
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